Los precios de la vivienda en España han crecido más de cinco veces por encima de los salarios en los últimos cinco años. Este hecho, provoca graves problemas de accesibilidad para un número creciente de las familias españolas. El Gobierno del PP, lejos de arbitrar medidas que frenen la especulación y regulen el mercado inmobiliario, para que todo el que lo necesite acceda al Derecho constitucional a obtener una vivienda digna, se encastilla en sus posiciones apostando claramente por la vivienda como activo y no como bien de uso.