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El fraude fiscal se concreta en una serie de prácticas de elusión y de evasión fiscal, y aunque no en todos los casos puedan ser tildadas estrictamente como ilegales, son un fraude moral a la sociedad. Esto es lo que ocurre con el uso y abuso de estrategias de optimización fiscal que vulneran el espíritu de las normas. Los costes del fraude fiscal aumentan la injusticia y el debilitamiento del sistema. Además, el fraude fiscal provoca menor gasto público social y mayor presión fiscal nomimal, así como distorsiones que abarcan desde el entorno personal al empresarial, y que alientan desequilibrios económicos que favorecen políticas conservadoras. A su vez, el fraude fiscal propicia la competencia fiscal perniciosa y el debilitamiento del papel del sector público, así como un agravamiento de las desigualdades.
