La política de "liberalización" del suelo que lleva a cabo el Partido Popular debilita la actuación pública en materia de urbanismo y de vivienda. Desde 1996 los intereses puramente especulativos se han impuesto a las necesidades de los ciudadanos, dificultando el acceso a una vivienda digna, uno de los derechos recogidos en la Constitución española.