El elevado precio medio de las viviendas en España provoca que un sector importante de la población encuentre dificultades para acceder a ellas. España superó durante el año 2001 en un 25% el precio máximo accesible para la familia media, lo que justifica la intervención pública en el mercado de la vivienda para establecer unas condiciones generales que aseguren la protección de ese derecho constitucional.