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Jesús Espelosín Atienza
La Constitución de 1978 reconoce el derecho de todos los españoles a "disfrutar de una vivienda digna". Por tanto, éste es un derecho reclamable por los ciudadanos que deben exigir su cumplimiento a los poderes públicos, en unos momentos en los que existe una gran parte de la población que no puede acceder a la vivienda. Nuestro país se sitúa a la cabeza de Europa en encarecimiento de la vivienda y a la cola en protección social de este derecho, ya que sólo se destina el 0'98% del gasto público a vivienda protegida.
