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La descentralización constituye un imperativo constitucional desarrollado en la Ley de Bases de Régimen Local y un mandato de la Unión Europea recogido en la Carta Europea de Autonomía Local. Pero la descentralización debe llevarse a cabo con la mirada puesta en los ciudadanos, consolidando el Estado del Bienestar y garantizando la cohesión social, porque no es un mero traspaso de competencias de unas Administraciones a otras, sino una forma de cooperación, corresponsabilidad y coordinación cuyo fin último es atender las demandas de la población.
