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La ruptura del Pacto de Estado de la Justicia ha provocado que aflore el principal problema que tiene la institución: la creciente politización de la Justicia que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular. Esto, unido a la ocupación partidista del Ministerio Fiscal, la falta de respuestas a la delincuencia organizada y los escasos recursos presupuestarios destinados a la Administración de Justicia, compone un panorama de gran deterioro de un servicio público esencial para el buen funcionamiento de la democracia.
