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La desigual distribución de la riqueza, que históricamente se ha dado en España, ha hecho que el setenta por ciento de los trabajadores eventuales del campo estén localizados en Andalucía y en Extremadura. La implantación del PER supuso un paso adelante en el establecimiento de condiciones que ayudaran al progreso y al crecimiento económico del sector agrícola y sus trabajadores. Si el PER desaparece, como quiere el gobierno del PP, se contribuirá a la despoblación de las zonas agrícolas y aumentarán los desequilibrios territoriales.
