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El caso «Marta del Castillo», de gran repercusión mediática, ofrece un paradigma de la labor de la jurisprudencia ante estos casos de profundo eco social y contenido emocional. En ellos, se ponen a prueba principios constitucionales irrenunciables en un Estado social y democrático de Derecho como son el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la tutela judicial efectiva, este último tanto para los acusados como para las víctimas. Estas y otras cuestiones, de especial trascendencia tales como el alcance del derecho de defensa ante la delimitación de conductas punibles con motivo de su abuso, la revocabilidad de sentencias absolutorias y el contenido de las costas procesales, son tratadas en el presente comentario.
