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Manuel Alejandro Ruiz González
La entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre ha puesto de manifiesto, tanto de forma práctica como teórica, la grave restricción que ocasiona al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. En el presente artículo se aborda la inconstitucionalidad de la citada norma en base a la doctrina establecida por nuestro Tribunal Constitucional en su S 20/2012, de 16 de febrero, en la que delimita el ámbito en que pueden convivir pacífica y constitucionalmente la tutela judicial efectiva y las tasas judiciales y que, de mantenerse, supondría la inconstitucionalidad de gran parte del texto de la Ley 10/2012.
