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La sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 19 de junio de 2012 tiene dos grandes focos de interés. Por un lado, define y perfila la función notarial como función pública que se enmarca en el ámbito de la tutela jurídica preventiva. Por otro, una cuestión como la debatida, que el propio Tribunal Constitucional considera que se trata de una nimiedad (Bagatell), le sirve para afirmar el principio de autonomía organizativa y procedimental del Estado, en el ámbito de la Unión Europea.
