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El ordenamiento procesal español, separándose de los principios que regulaban la tasación de costas en el Derecho Romano y posteriormente en el Proceso Común, se ha caracterizado desde su origen por la separación de dos cuestiones que originariamente estuvieron unidas, las relativas a la condena en costas y la tasación de costas, defiriendo la determinación de estas últimas a un funcionario extraño a la carrera judicial a través de un incidente marcado acusadamente por su carácter inquisitivo. Si esta opción centenaria del legislador español se ha mostrado muy eficiente, se sigue observando, sin embargo una profunda confusión entre estas dos cuestiones. Tal confusión ha dado lugar a una tendencia a hipertrofiar los gastos procesales, como consecuencia tanto, de la dispersión de los pronunciamientos de condena como de la concatenación de dichos pronunciamientos. Se pretende abordar las consecuencias de todo ello y el alcance que las últimas reformas puedan tener para corregir estas disfunciones.
