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Patricia Pérez Fernández
Las políticas de clemencia son en la práctica un instrumento esencial para el descubrimiento de los cárteles.
Un incremento de las acciones de resarcimiento interpuestas por los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos podría influenciar negativamente la calidad de las pruebas presentadas por las empresas infractoras o incluso disuadir a las mismas de hacer uso de los programas de clemencia, puesto que este tipo de programas pueden derivar en una exención o reducción de la multa que pudieran interponer en caso contrario las autoridades competentes, pero no tendrán efectos en el ámbito privado y al publicarse la autoridad del infractor podrían multiplicarse de forma notable este tipo de acciones indemnizatorias. De ahí que resulte esencial prever mecanismos que eviten situar a los solicitantes de clemencia en una situación desventajosa en comparación con las empresas que no cooperan con las autoridades administrativas. Para mantener el atractivo de los programas de clemencia de cara a las empresas infractoras y a su vez garantizar el derecho de los perjudicados a obtener una indemnización por los daños, la legislación positiva puede intervenir en relación tanto al descubrimiento de los elementos probatorios como a la cuantía que los solicitantes de clemencia tienen que satisfacer en concepto de indemnización de los daños a las víctimas.
