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La Presidenta argentina Cristina Fernández anunció, el pasado 16 de abril, que el Estado argentino tomaba control de la petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), filial local de la multinacional española Repsol. El 51% de las acciones de YPF han sido expropiadas, el otro 49% queda en manos de inversores privados (entre ellos el grupo argentino Petersen propietario del 25,4% del capital de la empresa). La Presidenta ha justificado la medida por la disminución de la producción debida, según ella, a la falta de inversiones de Repsol.
Para las autoridades argentinas se trata de un acto de soberanía para retomar el control de sectores estratégicos de la economía. Esta desprivatización vendría a corregir el amplio programa de privatizaciones realizado durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem en los años 1990. Para Repsol (empresa privatizada por el gobierno de Felipe González en 1989) es un golpe muy duro ya que YPF representa más del 30% de sus beneficios y una parte aún más importante de sus reservas.
El gobierno conservador español, en una reacción sin duda excesiva e inútilmente "nacionalista", ha reclamado "represalias" y ha solicitado el apoyo de la Unión Europea. El cual ha sido tibio y formal, semejante al de los Estados Unidos. En cuanto a las "represalias", cabe señalar que las inversiones españolas en Argentina ascienden a cerca de treinta mil millones de euros, mientras que las de Argentina en España no alcanzan siquiera los 67 millones�
