Acceso usuarios
Virginia Ortiz Wals, Alfonso Ferreira Luz
La puesta en marcha de la �Ley de Dependencia� ha supuesto una revolución dentro de las políticas sociales, dado que a través de ella se ha conseguido dar cobertura a numerosas personas que se encontraban en riesgo de exclusión social por distintos motivos. Dentro del catálogo de prestaciones y servicios que se incluyen en esta ley, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se ha convertido en una oportunidad para el desarrollo económico de pequeños municipios, ya que es el servicio más intensivo en capital humano, en proporción a otros. Esto ha dado la posibilidad de hacer otra pequeña �revolución� en el ámbito de los Servicios Sociales. En la actualidad en el marco de la crisis económica que sufrimos, han aparecido nuevos grupos sociales que se pueden incluir entre los colectivos en riesgo de exclusión social y que los recursos �tradicionales� de los Servicios Sociales resultan ser inadecuados para resolver estas nuevas situaciones.
En este contexto el uso de la Ley de Dependencia, y más concretamente el Servicio de Ayuda a Domicilio, como recurso para intervenciones sociales con estos nuevos grupos de población en riesgos de exclusión social supone una optimización de los escasos recursos económicos que se disponen, ya que con 12 euros por hora de trabajo invertida en el SAD (este es el coste medio de este servicio) se interviene sobre dos personas en riesgo de exclusión: la persona dependiente y la cuidadora. Esta última palabra no es por utilizar un lenguaje sexista, sino que describe la persona que presta este servicio (mujer con cargas familiares, en muchos casos, monoparental, víctima de violencia de género, inmigrante o simplemente como cabeza de familia).
