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En el presente artículo el autor configura el principio de autonomía local, como un mandato de optimización, esto es, una orden de satisfacción máxima de un determinado valor jurídico que debe ser concretado por los Estatutos de Autonomía y las Leyes ordinarias. En este contexto y a partir de la importancia de la Isla en la organización administrativa de Canarias aboga por la necesidad de que en el próximo Estatuto de autonomía las competencias transferidas aparezcan en un listado pero con la naturaleza de competencias propias. Igualmente se alaba la actualización del principio democrático y del principio de autonomía local a través de la participación de la Comisión General de Cabildos en la tramitación de aquellas Leyes que afecten a intereses insulares y destaca la inconstitucionalidad de aquellas Leyes que omitan el referido trámite. Finalmente concluye en la necesidad de una mejora en la financiación de las competencias transferidas pues la regulación actual podría conculcar el principio de suficiencia financier
