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María Alejandra Añez Castillo
La política criminal se concibe como una sección de la política pública destinada a la planificación, ejecución y control de lineamientos preventivos y represivos en la lucha de la criminalidad. Esta investigación de tipo documental-descriptiva reseña como en Venezuela, no se ha formulado una verdadera política criminal, por ello, las respuestas al fenómeno criminal han estado carentes de coherencia y han consistido en respuestas espasmódicas frente a determinados sucesos y la política antisecuestro no escapa a esta realidad. No existe una política ni estrategia clara y a largo plazo respecto del secuestro, no se conoce la magnitud del sistema de información nacional, la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad, la disputa entre los diversos organismos competentes, son algunos de las barreras con las cuales se enfrentan el Estado y a la vez constituye una ventaja para la delincuencia común y organizada. La superación de los obstáculos empieza por mostrar una verdadera voluntad política; generando acciones concretas, certeras, planificadas y pertinentes en torno a las políticas públicas gubernamentales en todas sus aristas, sin exclusiva referencia al sistema penal.
Criminal policies are conceived as a section of public policies destined to the planning, execution and control of preventive and repressive limits in the fight against criminality.
This documentary-descriptive investigation outlines how in Venezuela, real criminal policies have not been formulated. For this reason, the answers to the criminal phenomenon have been lacking in coherence and have consisted of spasmodic answers to certain events and the anti-kidnapping policy does not escape this reality. Neither a policy nor a clear long-term strategy regarding kidnapping exist, the magnitude of the national information system is unknown, the lack of coordination between the security agencies, the dispute between the different competent organisms, these are some of the barriers faced by the State and which simultaneously are an advantage for both common and organized crime. Overcoming these obstacles begins by showing true political will; generating concrete, accurate, planned and pertinent actions concerning public governmental policies in all their aspects, without sole reference to the penal system.
