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Alejandra Mera González-Ballesteros
Hace ya más de tres décadas que se han venido implementando en diversas jurisdicciones programas de justicia restaurativa en el ámbito de la justicia penal, especialmente en los sistemas de justicia penal juvenil, ofreciendo una alternativa de resolución orientada a la reparación, desjudicialización y el diálogo entre los directamente involucrados en el conflicto. Este vertiginoso desarrollo ha precedido generalmente a la regulación legal y al debate sobre estándares y garantías procesales que deben orientar estos programas. Sin embargo, a medida que los programas de justicia restaurativa han ganado terreno y se han propuesto como mecanismos de resolución en casos de mayor gravedad y de criminalidad adulta, la necesidad de establecer estándares legales se ha hecho urgente. Hasta ahora, a nivel comparado, no existe acuerdo sobre la necesidad o el contenido de las garantías procesales aplicables a los programas de justicia restaurativa. Este trabajo propone que es necesario establecer estándares procesales claros en la implementación de estos programas, pero a su vez, que ellos deben adecuarse a los principios y fines que ésta persigue.
Since more than thirty years, many countries have implemented restorative justice programmes to deal with criminal matters, especially with young offenders. This programmes offer different ways to deal with the aftermaths of a crime, through diversion, reparation and the active participation of those involved in the conflict. This dramatic development has occurred, though, without broad legal regulations or deep debates regarding procedural safeguards and standards. Nevertheless, as restorative justice programmes grow and are being used to deal with serious offences and adult offenders, the need for the setting of safeguards is pressing. Until now, there is not agreement in the literature regarding the specific content of procedural safeguards for restorative justice. This paper suggests that procedural safeguards for restorative justice programmes are needed. But also proposes that these standards should respect restorative justice principles and aims.
