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Ante la inminente reforma de nuestro proceso penal, surge de forma inevitable el debate sobre el mantenimiento del Juez Instructor o la introducción del Fiscal Investigador. Al margen de los diferentes posicionamientos, este debate debe hacerse en estrictos términos técnicos-procesales, apostando por la eficacia procesal y la mejor garantía de los derechos de los ciudadanos; es de mayor importancia el debate sobre la reconsideración del fracaso actual de la fase de instrucción, absolutamente desnaturalizada, y su trasformación en una fase de mera investigación preparatoria del juicio oral. Es inevitable avanzar hacia los modelos de derecho comparado, presentándose como un buen modelo el del fiscal investigador, controlado en su acción por el juez del proceso, además de seguir acompañado en su función, por la posibilidad del ejercicio de la acción particular y popular.
