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La Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo del 26 de septiembre de 2012 aborda el esclarecimiento de la problemática que se esconde tras la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica de la edificación y del art. 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que han dado lugar a numerosas actuaciones de la llamada jurisprudencia menor, con criterios diversos y aún encontrados. Tampoco la sentencia del Pleno resuelve , a mi juicio, las variadas cuestiones que están en liza. Pero dada la obligada extensión de este artículo me limito a establecer, en el último apartado, las que considero claves más importantes para entender la expresada normativa.
