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José Manuel Ruiz-Rico Ruiz 
, Yolanda de Lucchi López-Tapia
El presente artículo analiza las repercusiones jurídicas del reciente Real Decreto-Ley 27/2012, destacando la falta total de previsión del legislador sobre las consecuencias jurídicas de su decisión de suspender durante dos años los desalojos de viviendas ejecutadas judicialmente. Señaladamente, no se ha reflexionado sobre su posible inconstitucionalidad, al ordenar una privación del uso del inmueble a su adjudicatario, una vez convertido en dueño. Por otro lado, ha dejado en el aire el tipo de procesos en los que sería aplicable esa medida, lo que obligará a una interpretación judicial orientada a su extensión a procesos distintos del de ejecución hipotecaria. Tampoco ha profundizado en los sujetos beneficiarios de dicha medida, pudiendo darse casos especiales de compleja solución. Finalmente, no se da respuesta a la situación en la que quedaría jurídicamente el ocupante del inmueble durante ese tiempo, ni tampoco a los diversos y variados problemas procesales que se derivan de esa suspensión, cuestiones todas que son analizadas y desarrolladas en este trabajo.
