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El Consejo General del Poder Judicial fue creado para garantizar la independencia de los jueces. Desde sus inicios ha presionado para incrementar sus competencias, llegando incluso a pretender restar capacidades al Parlamento y al Gobierno de la nación en favor del propio Consejo. El argumento de la independencia judicial no puede servir para subvertir las decisiones del Parlamento, que es donde reside la soberanía popular y tiene la legitimidad constitucional para legislar.
