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En este trabajo abordamos la intervención que tienen las Juntas locales de seguridad en la tramitación de expedientes sancionadores por infracciones a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, mostrando el tratamiento que les ha dado la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, y que no ha sido uniforme entre aquellas y éste motivado por la falta de una regulación concreta y detallada que las defina y fije con claridad su naturaleza y funciones en esta materia, sin que la nueva ordenación que les da el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que las regula haya contribuido a precisar.
