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No hay auténtica democracia sin rendición de cuentas y sin un verdadero derecho a la información. El término inglés �accountability� alude a la necesidad de hacer responsables a los representantes electos y/o a los integrantes de las Administraciones públicas frente a terceros por las decisiones que toman o que evitan. Esto es, el electorado ha de ser empoderado para sancionar, tanto positiva como negativamente, las acciones del Gobierno. Se necesita transparencia de los poderes públicos y de cada una de las Administraciones para evaluar la implementación de políticas, el grado de cumplimento de promesas, el nivel de información ofrecido a la opinión pública.
Todo aquel que acceda a un cargo público siempre debe responder ante la sociedad a la que sirve. La accountability tiene que estar enraizada en el Estado de Derecho. Sin embargo, ya que se halla atravesada por múltiples perspectivas, no es posible un tratamiento unidimensional. La electoral es una de ellas, pero ¿es la más significativa y apropiada? Igualmente, la democracia precisa de un Estado de Derecho eficaz, operativo y cristalino, en el que nadie, ningún ciudadano, pueda acogerse al principio bodiniano ex legibus solutus como privilegio de estatus. La conculcación de esa regla, vía legal o de facto, acarreará dispensas, ocultación de responsabilidades y alimentará nichos de corrupción.
There is no real democracy without accountability and a true right to information. The English word �accountability� refers the need to make incumbents and officers accountable for decisions taken or avoided. That is, the electorate has to be empowered to evaluate, positively or negatively, actions of the Governments. They need transparency in office in order to see how public policies are put into effect, whether incumbents keep their promises, and take note of public opinion.
Any person who takes public office always must be accountable. Consequently, accountability has to be rooted in the Rule of Law. However, since there is more than one view, a one dimensional approach is not possible. Electoral accountability is only one way, but is it the most meaningful and suitable one? Moreover, democracy demands an efficient, well-organized and crystal-clear Rule of Law, where nobody can invoke Jean Bodin�s ex legibus solutes principle as a privilege. The violation of that rule, legally or de facto, will bring exemptions and hiding of responsibility, and bredd corruption.
