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Este estudio propone el reconocimiento de una relación de complementariedad funcional entre el Derecho Penal material y el proceso penal, según la cual una vez preservada la teleología propia de cada uno de estos dos sectores del sistema jurídico-penal, ambos deben estar relacionados por medio de una orientación político-criminal común con el objetivo de evitar contradicciones sistémicas que generen consecuencias indebidas tanto con relación a la función que cada uno de ellos tiene que desarrollar como en cuanto a la función que como un todo el sistema jurídico-penal tiene que realizar.
