Resumen de Competencia del estatuto orgánico de presupuesto respecto de las universidades públicas del orden nacional

Mónica María Vargas Huertas

• español

  El aparente conflicto normativo que se presenta entre las normas presupuestales y financieras, descritas en la Ley 30 de 1992 y la disposición contenida en el artículo 4º del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto, debe estudiarse desde la perspectiva de la hermenéutica jurídica, así como desde la autonomía universitaria conferida por mandato constitucional.

  A partir de las reglas fundamentales para resolver las antinomias jurídicas, el ordenamiento colombiano establece unas reglas generales sobre aplicación normativa contenidas en las Leyes 57 y 153 de 1887.

  Sin embargo, la determinación concreta de la prevalencia de una norma sobre otra, o mejor, la búsqueda de una interpretación correctiva, requiere de un mayor estudio casuístico.

  Para el caso de estudio, la autonomía universitaria contemplada en el artículo 69 de la Constitución Nacional requirió que el legislador expidiera la Ley 30 de 1992, que en sus artículos 28 y 57, desarrolló los aspectos en que se refleja la dicha autonomía.

  El régimen financiero contenido en el capítulo V de la Ley 30 de 1992, es parte esencial del régimen especial de las universidades estatales, pues el legislador consideró que la autonomía universitaria en su dimensión presupuestal, solo se puede garantizar si su presupuesto se mantiene protegido de la libre facultad potestativa del poder ejecutivo.

• English

  The seeming conflict of ordinances between the budgetary and financial ordnances, defined under Law 30 of 1992 and the description given in Article 4 of the Decree 111 of 1996, Organic Statutes of the Budget, must be addressed from the perspective of judicial hermeneutic, as well as contemplated under the universal autonomy conferred by constitutional mandate.

  Starting from the fundamental rules to solve the judicial contradictions, the Colombian ordnances establish a set of general rules about ordnance enactment, as seen in Law 57 and 153 of 1887. However, the actual definition of the hierarchy among ordnances, or even better, the search for a corrective interpretation, demands a case by case study approach.

  In the case study, university autonomy as expressed under article 69 of the national constitution, demanded the legislator to issue Law 30 of 1992, which develops the aspects of said autonomy under articles 28 and 57.

  The financial regime to be found in chapter V of Law 30 of 1992, is an essential part of the special regime for public universities, because the legislator deemed that university autonomy, in its budgetary dimension, can only be guaranteed if its budget is protected from the free determination powers of the executive branch.