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Carmen Tatay Puchades
La Ley 27/2011 contiene un par de disposiciones dirigidas a incluir en el Sistema de Seguridad Social a los investigadores y participantes en programas formativos. Se trata de previsiones que inciden sobre personas que ya contaban con cierta regulación. Por eso este estudio examina tanto los antecedentes de esas disposiciones, como las normas reglamentarias posteriores que han concretado su contenido. Y precisamente el análisis realizado permite ver que el camino trazado para ampliar el ámbito subjetivo del Sistema de la Seguridad Social no ha sido homogéneo. A menudo se ha recurrido a la �asimilación� a trabajadores por cuenta ajena. Otras veces se ha apostado por laboralizar al personal. En ocasiones se ha permitido la inclusión voluntaria de los afectados. Y últimamente se ha optado por abaratar sus costes de Seguridad Social, precarizando la situación de los sujetos implicados.
