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La Ley 27/2011 ha pretendido, como prácticamente todas sus predecesoras, efectuar algunos ajustes dirigidos en esta ocasión a incrementar la contributividad del sistema de Seguridad Social, actuando preferentemente sobre una contingencia como es la jubilación, que se erige en tanto que protagonista de la actuación legislativa. Sin embargo, ciertas modificaciones operadas sobre otras prestaciones han generado incertidumbre acerca de cuál va a ser su aplicación real en el futuro. Incongruencias sobre los efectos que una determinada edad desarrollará sobre distintas prestaciones y una falta de posicionamiento claro sobre cuestiones pendientes de solución, que siguen sin ser abordadas, plantean dificultades de interpretación en torno a lo que sería o no una percepción simultánea de dos pensiones o de su combinación con el desempeño de una actividad, sin que se haya aprovechado la oportunidad para ofrecer criterios diáfanos y válidos que vengan a resolver los interrogantes que subyacen hoy en día en el marco de la cobertura a los beneficiarios del sistema.
