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La autora cuestiona la interpretación general del art. 4.1 de la Ley contra la Morosidad en la redacción dada por la Ley 15/2010 que establece un plazo máximo de pago de 60 días en las operaciones comerciales y prohíbe a las partes pactar un plazo superior, cuando el precepto entra en contradicción con el art. 9.1 del mismo texto legal, que señala que sólo serán nulos los plazos de pago más prolongados cuando puedan considerarse abusivos.
