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Juan Antonio Pérez Rivarés
En el actual contexto de crisis, en el que las Administraciones Públicas se ven abocadas a intentar aumentar sus ingresos y disminuir sus gastos haciendo todos los ejercicios de imaginación posibles, quizá resulte interesante diseñar fórmulas que les permitieran transmitir a inversores inmobiliarios privados aquellos inmuebles de su propiedad en los que actualmente llevan a cabo sus actividades, pero permaneciendo, sin embargo, en ellos para poder continuar desarrollándolas, y conservando el derecho a recuperar la titularidad en el futuro. También parece atractiva esta posibilidad para los inversores privados que, de esta manera, se aseguran cierto retorno de su inversión a medio y largo plazo y consiguen componer una cartera variada de inversión inmobiliaria en la que estarían incluidos activos alternativos ocupados por las Administraciones Públicas y destinados a uso policial, judicial, penitenciario, sanitario, universitario o docente.
