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La STC 101/2012 declara inconstitucional y anula el delito de caza y pesca recogido en el art. 335 del Código Penal, en su versión anterior a la reforma de 2003. Más allá del hecho de que sea la primera vez que el Tribunal Constitucional expulsa del Código Penal un precepto por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), la Sentencia plantea algunos aspectos interesantes sobre las llamadas leyes penales en blanco y sus exigencias de constitucionalidad.
