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Juan Antonio Navarro Garmendia
El patrimonio protegido presenta una escasa aplicación con relación al elevado número de beneficiarios potenciales. Por este motivo, la Ley 1/2009 exige que el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de mejora del régimen fiscal de esta figura. La reforma debe clarificar el destino de los bienes y derechos que integran el patrimonio protegido. Este artículo analiza el concepto de disposición como límite material, centrándose en la finalidad del mantenimiento de la productividad, la satisfacción de las necesidades vitales y la responsabilidad patrimonial del patrimonio protegido. También analiza el concepto de disposición como límite temporal.
