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En un procedimiento de clasificación profesional recayó sentencia en la instancia estimando la pretensión del actor, reconociéndole una determinada categoría profesional y condenando a la empresa al abono de la cantidad de 3.931,46 euros. Recurrida esa sentencia en suplicación, la Sala de lo Social declaró la nulidad de las actuaciones desde la notificación de la sentencia del Juzgado de lo Social, así como la firmeza de la resolución de instancia. El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina, casó y anuló la sentencia recurrida a fin de que la Sala de lo Social se pronunciara sobre las infracciones procesales denunciadas en el recurso de suplicación.
