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Enrique Ortiz Calle 
La aplicación del pricipio constitucional de capacidad económica a las tasas constituye una cuestión doctrinalmente polémica sobre la que existe una abundante jurisprudencia. La cuestión es especialmente relevante en el ámbito de las Haciendas locales debido al peso relativamente mayor que tienen las tasas en comparación con los otros dos niveles de Hacienda territorial. El art. 31 de la Constitución española exige que dicho principio se aplique también a las tasas pese a las dificultades técnicas qu ello pueda suponer, por tratarse de la principal regla de reparto de la carga tributaria. No obstante, las ordenanzas fiscales, al modular la cuantía de la tasa mediante el empleo de parámetros relacionados con la capacidad económica, no deben desvirtuar la naturaleza retributiva de la tasa. Esto significa que ambos principios (capacidad económica y equivalencia) han de conciliarse, aunque otorgando prioridad al primero de ellos.
The enforcement of constitutional principle of ability to pay in fees is a controversial issue on which there is abundant case law. This problem is especially relevant in the context of Local Finances due to greater weight that fees have compared with other levels of territorial finance. Article 31 of Spanish Constitution requires such principle also applies to fees, despite technical difficulties may occur. This is because ability to pau is the main rule on distribution of tax and fee burden. Howerver, local regulations, by modulations, by modulating the amount of fee though the use of parameters related to ability to pay, should not distort the retributive nature of the fee. This means that both principles (ability to pay and equivalence) must be weighed and balanced, while giving prioriy to the first.
