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La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, modifica en algunos de sus extremos la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El propósito, confesado en su título, es acortar los tiempos en la respuesta judicial a las pretensiones que los ciudadanos deducen ante los jueces y tribunales de dicho orden jurisdiccional. En el presente trabajo se realiza un análisis de la eficacia práctica de las principales medidas introducidas por dicha norma en el proceso contencioso-administrativo.
