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La pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo goza de una larga tradición en el sistema penal español, y hoy se encuentra entre las sanciones más aplicadas por nuestros Tribunales Penales. Sin embargo, la mutación que ha experimentado en el CP 1995 no ha sido aprovechada para reflexionar sobre su fundamento, y sobre los criterios que deberían guiar su aplicación desde una óptica preventiva, evitando cualquier automaticidad en su imposición.
