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Paulo Sotero
Vista por el Gobierno de Lula como una reliquia de la Guerra Fría, la Organización de Estados Americanos (OEA) fue considerada mayormente como un puesto de observación. Los diplomáticos fueron instruidos para mantener una postura defensiva y evitar las acciones percibidas como contrarias a los intereses brasileños. Sin embargo, la indiferencia se tornó en ira mal disimulada durante los primeros meses de la Administración de Dilma Rousseff, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución cautelar que ordenaba a Brasil detener la construcción de la polémica planta hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingu (afluente del Amazonas). Esta reacción implicó la retirada de su embajador ante la OEA, así como la de su candidato a la CIDH, además de decretar la suspensión de su contribución anual a la OEA. La actuación de Brasil vino a agravar los problemas existenciales de la OEA, al precarizar aún más su situación financiera. De no resolverse, la disputa podría complicar la estrategia de Brasil para consolidar su liderazgo regional y mundial y erigirse como paladín de los derechos humanos y el multilateralismo.
