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En el presente artículo analizo si es ajustado o no a Derecho el pago en especie a un propietario afectado por un expediente de ocupación directa aprobado por la Administración pública, instrumento recurrente de obtención de terrenos dotacionales en los tiempos que corren, en los que se imponen los principios de autoridad y contención del gasto público. Asimismo, son objeto de este estudio los significativos cambios operados por determinadas legislaciones autonómicas, que comienzan a exigir a tal efecto el consentimiento del propietario afectado, respetando así las garantías constitucionales y la legislación básica estatal.
