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Al hilo de la sentencia, de 27 de febrero de 2012, del Tribunal Supremo en la Causa Especial 20048/2009, en este artículo se formulan algunas reflexiones e interrogantes, a partir de la afirmación general pero también específicamente señalada por el Tribunal Supremo, de que «no es posible en nuestro sistema procesal una actividad jurisdiccional de mera indagación sin una finalidad de imposición de una pena». El enfoque que se adoptará girará entonces en torno a la «imposibilidad de castigar» frente a la «obligación de investigar» del Estado; utilizando como herramienta de análisis el Derecho internacional, pero como Derecho interno que también es. En esta labor, se referirán además ciertas decisiones judiciales recientes, para finalmente presentar algunas cuestiones clave que a partir de la obligación de investigar del Estado, pueden o deberían surgir cuando un operador de justicia interno se enfrenta a un caso en el que se invoca, o pudiera ser de aplicación, una disposición aparentemente propia del Derecho internacional. Y para todo ello, se utilizará como caso de estudio un supuesto, nada hipotético, como es la desaparición forzada de personas.
