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La violencia de género en España ha pasado de ser considerada como un problema privado del entorno familiar a ser un asunto social, que atañe a todo el mundo. Tras una década de nuevas normas y políticas activas contra la violencia machista, la sociedad española ha protagonizado un gran avance democrático, al considerar este asunto un problema que tiene visibilidad social y al que hay que dar respuestas tanto desde la judicatura como desde la esfera educativa. Por lo tanto, hay que valorar positivamente los esfuerzos realizados y la implicación de las Administraciones Públicas para prevenir y terminar con la violencia contra las mujeres.
