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Jaime Barbero Bajo
A estas alturas ningún profesional del Derecho es ajeno a las consecuencias prácticas que la reciente Ley de Medidas de Agilización Procesal (en vigor desde el pasado 31 de octubre) trae consigo principalmente en orden civil pero también en los procesos penal y contencioso. Es el momento ya no sólo de repasar las principales novedades sino de hacer un primer balance crítico sobre algunos de los acpectos de la nueva regulación que más polémica han suscitado.
