El pasado 31 de octubre entraba en vigor la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador, al cumplirse el plazo de 5 años de vacatio legis previsto en su disposición final tercera, así como el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba su reglamento de desarrollo. En las siguientes páginas repasamos los principales aspectos que supone la vigencia de esta "nueva" regulación y las cuestiones que más polémica han suscitado.