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Ángela Figueruelo Burrieza 
, Marta León Alonso
La última reforma de la Ley electoral pretende subsanar las deficiencias detectadas en la aplicación de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos. Para ello se amplia la prohibición de presentar candidaturas a los partidos, federaciones y coaliciones que de hecho vengan a suceder a un partido ilegalizado. En segundo lugar, se permite la impugnación de candidaturas también durante la campaña electoral, ampliando los plazos de presentación y resolución de recursos. Así mismo, se regula la suspensión cautelar de la proclamación de electos pertenecientes a candidaturas presentadas por agrupaciones de electores o por partidos contra los que se vaya a iniciar un procedimiento de ilegalización o un incidente de ejecución de sentencia de ilegalización.
Por último, se introduce una nueva causa de incompatibilidad sobrevenida de carácter político, que concurrirá en los representantes electos de partidos políticos declarados posteriormente ilegales por sentencia judicial firme, o por agrupaciones de electores vinculadas a ellos, salvo que voluntariamente y de modo expreso e indubitado rechacen las causas que motivaron la ilegalización de la formación bajo cuya lista concurrieron a las elecciones. Con este trabajo tratamos de explicar en qué medida estas modificaciones afectan al derecho de sufragio pasivo, con especial atención al caso de las agrupaciones de electores
