Acceso usuarios
M. Paloma Biglino Campos 
Una vez que el Tribunal Constitucional ha resuelto las dudas de constitucionalidad que generaron los nuevos Estatutos, es hora de plantearse algunos problemas que puede suscitar su aplicación. El primero de ellos arranca de los mandatos contenidos en las tablas de derechos, ya que imponen directrices y políticas al legislador que es difícil implementar, o simplemente mantener, en época de recesión económica. El segundo problema arranca del robustecimiento de los Ejecutivos en perjuicio de las Asambleas legislativas, que tienden a perder cada vez más protagonismo. La última cuestión se refiere a la relación entre las Comunidades Autónomas y el Estado. La nueva manera en que los Estatutos enuncian las competencias de las primeras no sólo parece poco eficaz a la hora de garantizar la autonomía de nuestras nacionalidades y regiones, sino que, además, puede hacer más difícil exigir transparencia y responsabilidad a los poderes públicos. Para velar por el cumplimiento de dichos principios sería preciso, además, modificar de manera sustancial la estructura de algunas instituciones centrales, partiendo de que no son entidades sólo del Estado, sino del orden territorial en su conjunto.
