El procedimiento administrativo de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, establecido en la Ley Sinde y desarrollado reglamentariamente, es aplicable desde marzo de 2012. Su objetivo es declarar que una descarga o un contenido de Internet son ilegales y que, por tanto, procede interrumpir el acceso de los ciberpiratas y retirar tales contenidos. No obstante y al estar implicados derechos fundamentales como la protección de datos personales y la libertad de expresión será preciso para identificar los responsables o para ejecutar las resoluciones administrativas contar con la autorización judicial.