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Margarita Rosa Cortés Velasco
El proceso penal es un importante instrumento de política criminal a través del cual el Estado ejerce el control formal sobre el problema de criminalidad. Uno de los modelos que tiene mejor acogida en el mundo actual es el penal acusatorio, de carácter adversarial, en el cual se identifican dos partes: fiscal y acusado, quienes en igualdad de condiciones presentan sus pretensiones ante el juez, quien dirime el conflicto. Pero previa a esa decisión, las dos partes enfrentadas deben gozar de las plenas garantías que aseguran la imparcialidad del juzgador, por eso se habla de igualdad de armas.
Para cumplir con ese objetivo es necesario acudir a las técnicas que aplicadas al juicio oral, garantizan la eficacia del proceso.
The criminal process is a criminal major policy instrument through which the State exercises formal control over the crime problem. One model that has better reception in the world today is the accusatory, adversarial character, which identifies two parts: prosecutor and defendant, who being equal, have their claims to the judge who settles the dispute . But prior to that decision, the two warring parties should enjoy full guarantees that ensure the impartiality of the judge, so we speak of equality of arms. To meet this goal is necessary to resort to the techniques applied to the trial, ensure process efficiency.
