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La Ley 37/2011 ha introducido una serie de preceptos que regulan las particularidades básicas del proceso penal contra personas jurídicas. Esta regulación plantea algunos problemas de cierto calado. En primer lugar, parece impedir que se apliquen a las personas jurídicas medidas cautelares como la fianza o el embargo, ya que limita las posibles medidas cautelares a las contempladas en el Código Penal (suspensión de actividades, clausura de locales e intervención judicial). En el artículo se intentan ofrecer vías interpretativas para paliar ese defecto legislativo en la medida de lo posible. En segundo lugar, prohíbe a la persona jurídica nombrar como su representante procesal a alguien que ya haya sido llamado a declarar como testigo. Una interpretación literal de esta regla plantearía problemas relativos al derecho de defensa, por lo que se intentan dar pautas interpretativas que permitan compatibilizarla con los derechos procesales de la persona jurídica imputada.
