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Los cimientos del sistema de control judicial de constitucionalidad de inspiración norteamericana como el instituido en Argentina en general, y en la provincia de Tucumán en particular, parecen debilitarse ante la pretensión formulada por un demandante afectado por un acto administrativo estimado nulo de nulidad absoluta una vez vencido el plazo legal fijado para su interposición. En los hechos, el mero paso del tiempo conduciría a sanear vicios de nulidad absoluta, irregularidades que, según el propio sistema, deberían ser controladas �de oficio� �sin petición de parte� por los propios jueces. Este trabajo intenta subrayar algunas de las tensiones que trae consigo la procedencia de la defensa de �caducidad de la acción� en el contexto de un sistema de control judicial de legitimidad de los actos de los poderes públicos que, en el caso concreto llevado a los estrados, reconoce, en teoría, la potestad de ejercerlo de oficio por parte de los propios magistrados judiciales.
