Acceso usuarios
En este trabajo se analizan los problemas jurídicos que suscita el poder de la Administración para fijar los valores límites de emisión. Es un poder que disfruta de una considerable discrecionalidad, por lo que resulta imprescindible definir mecanismos de control para la garantía de los derechos de los afectados por la restricción que suponen aquellos valores. Además, sale al paso de la pretensión profundamente voluntarista de establecer unos valores límites tan estrictos como sea posible, cuando la restricción jurídica afecta a la contaminación, no a la emisión, porque es físicamente imposible impedir que una actividad que transforma la energía no produzca emisiones. En cambio, la contaminación debe y puede ser limitada, pero siempre dentro de unas coordenadas que permitan su control, por parte de los Tribunales, en orden a garantizar que las restricciones sean razonables y proporcionadas.
