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Rafael J. Vera Torrecillas
El control de legalidad que ejercen nuestros habilitados estatales es consustancial a la naturaleza democrática del poder de nuestros representantes públicos. Para que realmente exista control es necesario dotar de una independencia real a quienes ejercen esa función. El actual modelo, con la introducción de la libre designación, con la atribución a los propios Ayuntamientos de la facultad de fijar las retribuciones y los medios personales y materiales de estos funcionarios y con la reducción funcional operada por la Ley 57/2003, quiebra, y genera un sistema adulterado en sus fundamentos, confuso e ineficaz, y en este contexto, aparecen también nuevas figuras y nuevos conceptos jurídicos que inciden directamente sobre este modelo. Sin embargo, las funciones de los funcionarios de habilitación estatal cobran en la actual situación, más que nunca, un mayor sentido como garantía de un funcionamiento eficaz de nuestros Gobiernos Locales.
